Por ello, en este contexto, entendemos a la libertad tanto en su esfera negativa (que otros no se interpongan en mi actividad), como positiva (ser mi propio dueño y responsabilizarme por mis propias decisiones) [1].
El profesor Pere Simón Castellano afirma que “la persecución del pasado, el recuerdo constante y la permanencia de la información puede, más allá de suponer el fin del olvido, envenena el presente y bloquea el futuro. Es fácil que en el pasado se hayan dicho o pensado cosas y más tarde uno se arrepienta de las mismas. Las personas cambian, evolucionan, maduran e incluso se contradicen a lo largo de su trayectoria vital.” [2]. Así, cuando hablamos de ‘derecho al olvido’ pretendemos con ello garantizar la privacidad, el libre desarrollo de su propia vida y la evolución de las personas, por petición de las mismas, evitando con ello la persecución constante del pasado.
El art. 10.1 de la Constitución Española reconoce, como derecho de cualquier ciudadano, a la autonomía del individuo, su libertad de actuar y decidir, su proyecto vital, así como la posibilidad de alterarlo, modificarlo e innovarlo tantas veces como quiera, o incluso, no tenerlo. Estamos haciendo referencia, así, a un valor jurídico que inspira los derechos fundamentales y su correcta interpretación, garantizando el derecho a cada persona a determinar libremente su vida presente y futura de manera consciente y responsable; el derecho a ser anónimo y a obtener el correspondiente respeto por parte de los demás en el contexto digital.
Para entender de mejor manera el olvido como garantía de libertad, se puede observar que tanto la prescripción de los antecedentes penales, como la anonimización de las sentencias preservan y protegen el bien jurídico de dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. La regulación de los antecedentes penales, que prescriben y dejan de poder ser consultados por terceros, muestra la preocupación del legislador para garantizar el olvido de los delitos cuando la condena penal de estos ya ha prescrito o ha sido cumplida. Solo así es posible una correcta re inserción de los ex presidiarios en la sociedad. En esta misma línea, la legislación ha establecido un alto grado de restricción del acceso a los datos personales que contienen las sentencias con la finalidad de proteger los derechos fundamentales de las partes.
El trabajo de Eliminalia está basado en proteger la dignidad de las personas en un entorno digital. Nuestra finalidad es que el derecho al olvido se configure, en este contexto, como un derecho de libertad del ciudadano para poder escoger cuando y dentro de qué límites procede revelar datos e informaciones que forman parte de su identidad.
Creemos en un derecho al olvido vinculado necesariamente al derecho a la autodeterminación informativa, concretamente en el control efectivo sobre los datos personales, que, frente a la colosal memoria digital, permita que se pueda tener el control de nuestros datos en aras de permitir el libre desarrollo de la vida conforme a las convicciones, creencias y principios que cada uno escoja.
